17/10/2022 Colombia
“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”
La propuesta le llegó a la sicóloga de la misión humanitaria como un rayo que le entró por el oído y le congeló el corazón: —Le regalo a mi hijo, le dijo la mujer. Atónita, la misionera le preguntó a la comunera que si era cierta la propuesta, pero la indígena de la comunidad Chano, del resguardo Alto Río Bojayá, en Chocó, le dijo que sí, aunque ya no con la misma convicción de la primera vez. Quiero que se lo lleve porque no soy capaz de verlo llorar de hambre todos los días sabiendo que no tengo que darle, dijo la indígena, esta vez con los ojos vidriosos por el llanto contenido. La escena ocurrió ocho días después de que el jaibaná de esa comunidad, Máximo Baquiaza Rubiano, perdiera la vida y sus dos hijos terminaran heridos de gravedad al manipular un artefacto explosivo que se encontraron en uno de sus cultivos. Aunque ese episodio ocurrió en marzo de 2021, desencadenó el confinamiento de la comunidad, y hoy, 18 meses después, sus 1.000 habitantes no pescan ni cazan ni cultivan sus fincas, el jaiperabú (el miedo) se apoderó de los resguardos, los mantiene encerrados como una fiera a su presa y los ha condenado al hambre.
Confinados por el miedo
Remanentes de guerra y artefactos sin explotar como el que le segó la vida al jaibaná Baquiaza, tienen confinadas, solo en 2022 y con corte al 30 de septiembre, a 17.402 personas en el país según los registros de la Unidad para las Víctimas; de estas, 1977 están en Antioquia. Como una ola, el fenómeno del confinamiento ha venido en aumento en los últimos años con el recrudecimiento del conflicto armado, el nacimiento de nuevas estructuras después del Acuerdo de Paz con las Farc, y las nuevas confrontaciones entre grupos ilegales de los cuales hace parte el Clan del Golfo o Agc. Si se mira en retrospectiva, en 2016 (año de la firma del Acuerdo) se confinaron 5.803 personas, en 2017 el número de víctimas bajó a 3.153, pero de esa fecha en adelante no ha parado el crecimiento: en el 2018 hubo 15.372 afectados; en 2019, 19.877; en 2020, 44.206 (siendo este el año más alto en víctimas); y en 2021, 30.429. A este hecho victimizante se suma las víctimas directas de las minas antipersonal y otros artefactos explosivos que, de acuerdo al censo del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR; asciende a 1.938 entre enero de 2018 y agosto de 2022, con el mayor número de afectaciones en cinco departamentos en los que la guerra no da tregua (ver infografía). Al respecto, José Yesid Carrillo Cantillo, oficial de campo de contaminación por armas, de la subdelegación de Medellín del CICR, explica que el aumento de víctimas por confinamiento o de artefactos explosivos “es una consecuencia de la conflictividad en el territorio porque la utilización de los artefactos explosivos es una estrategia de las diferentes partes en el medio del desarrollo de las hostilidades”. Afirma Carrillo Cantillo que el Occidente de Antioquia, particularmente en los municipios de Dabeiba y Frontino, sumado a Murindó, en Urabá, donde se ha notado el incremento de víctimas por artefactos explosivos. Ese corredor occidental del departamento mencionado por el oficial del CICR, es precisamente uno de los que más confrontación tiene el departamento, donde el Clan del Golfo, con 600 hombres agrupados en el frente Edwin Román (según la Fiscalía), se disputa el territorio con las disidencias del frente 5 de las Farc, y más hacia Urabá, con el ELN.
El confinamiento más largo
Con este panorama, el CICR lanzó la campaña “El confinamiento más largo”, con el que pretende visibilizar y sensibilizar al país frente a las consecuencias humanitarias de esta problemática, y de esta forma, poner la discusión sobre la mesa y comenzar articular coordinadamente las intervenciones que apunten a la mitigación, y a un plazo establecido, ojalá la solución estructural del fenómeno. Porque cómo explica Carrillo, las consecuencias del confinamiento y de los artefactos explosivos no solo deja víctimas directas, sino que también afecta su cotidianidad, que básicamente es estar en el territorio cultivando la tierra, cazando o pescando, o incluso, como ocurre en algunas familias que evitan enviar a sus a las escuelas lejanas. Toda la problemática confluye en la afectación psicosocial que llega al caso extremo de que hayamos podido constatar suicidios que se han dado al interior de estas comunidades como consecuencia de esta afectación a la salud mental que ha tenido este confinamiento tan prolongado en el tiempo”, dice Carrillo. Mientras el confinamiento crece, la comunidad del jaibaná Baquiano no se repone de su muerte ni del confinamiento impuesto por los artefactos explosivos que tiene al jaiperabú rondando por sus resguardos
Foto-Fuente: elcolombiano.com
“En caso de encontrar cualquier tipo de artefactos explosivos no se debe bajo ningún concepto manipular ni tocar, debiendo avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a la mayor brevedad para tomar las medidas de seguridad necesarias”.
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